La actuación de la Unión Europea en materia de control presupuestario se basa en dos principios esenciales:
- por un lado, garantizar que el presupuesto de la Unión se gasta de forma adecuada diseñando para ello una buena gestión financiera
- y por otro, garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión y la lucha contra el fraude.
Para el cumplimiento de estos principios resulta imprescindible detectar aquellas conductas delictivas que día a día menoscaban las economías de los países miembros de la Unión, su libertad económica y su libre competencia a través del control del fraude que se pueda producir, entre otros, en la utilización de los recursos procedentes de los Fondos Europeos.
Para ello, como se señala en esta Resolución, es necesario abordar adecuadamente la diversidad de los sistemas jurídicos y administrativos de los Estados miembros permitiendo una acción más coordinada de la Unión en la prevención de las irregularidades, y continuar abordando la lucha contra el fraude reforzando aún más los esfuerzos por combatir el mismo y seguir aplicándolos de forma efectiva con el fin de generar resultados incluso más tangibles y satisfactorios, partiendo de la premisa que la corrupción representa una grave amenaza para los intereses financieros de la Unión y la confianza de los ciudadanos en la gestión de las Administraciones Públicas.
A través de esta Resolución, el Parlamento Europeo quiere poner el acento en la labor de la Comisión Europea en la lucha contra el fraude, precisamente en un tema de vital importancia como es la vigilancia de las subvenciones distribuidas en el marco de los programas de los Fondos EIE (Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, a saber, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD) y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), en aras a conseguir una presupuestación eficiente y no inflacionista de los Fondos y de prevención del fraudesolicitando para ello, que se imponga como condición sine que non para el acceso a los recursos procedentes de Fondos Europeos la adopción de estrategias nacionales de lucha contra el fraude que contemplen métodos proactivos que no solo garanticen la detección del fraude, sino también una eficaz prevención del mismo.
En este contexto se presenta el 30º Informe anual sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea y la lucha contra el fraude, así como los avances logrados durante las últimas tres décadas a la hora de establecer y desarrollar los fundamentos legislativos y el marco institucional (OLAF y Fiscalía Europea) de la lucha contra el fraude y las irregularidades en la Unión.
En este informe se detecta la evolución constante de los métodos de fraude y de los nuevos modelos de fraude, que se caracterizan por una fuerte dimensión transnacional y unos mecanismos de fraude transfronterizos (como el fraude en la promoción de productos agrícolas; las sociedades ficticias; la evasión de derechos de aduana; el comercio electrónico; el aumento de la dimensión transfronteriza de los fraudes en los gastos; y la falsificación), que afectan negativamente a los ingresos del presupuesto de la Unión y requieren una respuesta coordinada a nivel nacional y de la Unión. Se ha detectado que el número total de irregularidades fraudulentas y no fraudulentas notificadas en 2018 (11.638 casos) se redujo en un 25 % con respecto a 2017 (15.213 casos) pero que a pesar de este dato, su valor se mantuvo estable en comparación con el año anterior (2 500 millones de euros en 2018, frente a 2 580 millones de euros en 2017).
Destaca también, la necesidad de implantación real de un sistema de intercambio de información entre las autoridades competentes que haga posible un control cruzado de los registros contables relativos a las transacciones entre dos o más Estados miembros, a fin de evitar fraudes transfronterizos en el ámbito de los Fondos Estructurales y de Inversión que permita aportar un enfoque horizontal y completo de la protección de los intereses financieros de los Estados miembros.
Ante esta situación, el Parlamento Europeo señala como ámbitos de mejora:
- en primer lugar, mejorar la evaluación del riesgo de fraude y la gestión del riesgo de fraude, para ello tanto la Comisión como los Estados miembros deberán reforzar su capacidad analítica a fin de mejorar la identificación de los datos sobre los modelos de fraude, los perfiles de los defraudadores y las vulnerabilidades de los sistemas de control interno de la Unión;
- como en segundo lugar, garantizar la coherencia y optimizar la eficiencia y la eficacia, debiendo coordinarse y supervisar estrechamente la evaluación y la gestión del riesgo de fraude.
Interesante señalar en este sentido, que el Tribunal de Cuentas Europeo ha solicitado a la Comisión la creación de un sistema uniforme de recopilación de datos comparables sobre las irregularidades y los casos de fraude en los Estados miembros a fin de normalizar el proceso de notificación y garantizar la calidad y comparabilidad de los datos aportados.
En materia de contratación pública, se señala, que entre los objetivos perseguidos en la nueva estrategia de lucha contra el fraude de la Comisión se incluye prevenir y erradicar las infracciones relacionadas con un abuso de los procedimientos de contratación pública cuando afecten al presupuesto de la Unión. Así recoge expresamente en sus apartados:
Apartado 89
Una parte importante de la inversión pública se gasta a través de la contratación pública (dos billones de euros al año); hace hincapié en los beneficios de la contratación pública electrónica a la hora de luchar contra el fraude, tales como el ahorro para todas las partes, una mayor transparencia y unos procesos simplificados y abreviados;
Apartado 90
Lamenta que solo unos pocos Estados miembros utilicen las nuevas tecnologías para todas las etapas principales del proceso de contratación (notificación electrónica, acceso electrónico a los documentos de licitación, presentación electrónica, evaluación electrónica, adjudicación electrónica, pedido electrónico, facturación electrónica, pago electrónico); pide a los Estados miembros que pongan a disposición en línea, en un formato legible electrónicamente, todos los formularios de los procedimientos de contratación pública, así como los registros de contratos accesibles al público.
Apartado 91
Acoge con satisfacción el calendario de la Comisión para el despliegue de la contratación pública electrónica en la Unión y pide a la Comisión que realice un seguimiento al respecto.
Apartado 103
La transparencia desempeña el papel central en la prevención y detección temprana del fraude y los casos de conflictos de intereses por tanto se solicita a todos los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para mejorar la transparencia presupuestaria, garantizando que los datos pertinentes relativos a los procedimientos de contratación pública y la adjudicación de contratos financiados con fondos públicos estén disponibles y sean fácilmente asequibles para el público.
Para finalizar en el contexto del nuevo marco financiero plurianual 2021-2027 la Comisión Europea ha propuesto un nuevo Programa de la UE de Lucha contra el Fraude que será ejecutado por la OLAF bajo su gestión directa, concebido para mejorar el programa Hércules III y combinarlo con el sistema de información antifraude (AFIS), infraestructura técnica para el intercambio de información relacionada con el fraude entre las administraciones nacionales y de la Unión, y el sistema de gestión de irregularidades (IMS), sistema de comunicación electrónica segura que permite a las instituciones de la Unión compartir datos sobre las investigaciones de la OLAF.
- Un artículo de:
Vanesa Martínez Monroy
Consultora Senior LexLab Innovación Legal.